Manifiesto del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad.
NO
A LOS RECORTES.
POR
LOS DERECHOS SOCIALES Y LA CONTINUIDAD Y ESTABILIDAD DEL SECTOR DE LA
DISCAPACIDAD
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DÍA
EUROPEO E INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
3
DE DICIEMBRE DE 2011
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Las
más de 700.000 personas con discapacidad y sus familias, con motivo
de la conmemoración de este día, hacen un llamamiento a los poderes
públicos para que en Andalucía los avances conseguidos en materia
de derechos no se vean amenazados. Así, reconociendo que nuestra
Comunidad Autónoma se encuentra entre las primeras en la gestión
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y es
pionera en la publicación de normativa a favor de la igualdad de
oportunidades, como lo demuestra la aprobación, el pasado día 23
noviembre, de la Ley por la que se regula el uso de Lengua de signos
española y los medios de apoyo a los medios de apoyo a la
comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con
sordo ceguera, REIVINDICAMOS :
Mantener
las conquistas. Las personas con discapacidad y sus familias
siguen siendo un grupo social con dificultades para ejercer sus
derechos básicos y libertades fundamentales y para acceder a los
bienes, productos y servicios que se consideran como normales para
toda la población. La gravísima crisis económica y de empleo que
padecen España y Europa estos últimos años tiene un impacto mucho
mayor en las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias, que
ven peligrar o en riesgo de retroceder las conquistas sociales y de
derechos obtenidas a lo largo de los últimos tiempos, gracias a la
lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad. Estos
avances han de ser mantenidos a toda costa como logros irrenunciables
y no son susceptibles de reducción o recorte; los poderes públicos
han de preservar ese nivel de derechos y apoyos e incrementarlo con
políticas y legislaciones enérgicas de inclusión.
Los
recortes que en el ámbito de la discapacidad han venido
produciéndose en mayor ó menor medidas y con diferentes
intensidades según los territorios, en los últimos tres o cuatro
años han comprometido la sostenibilidad de servicios y dispositivos
de apoyo a personas con discapacidad y a sus familias, sobre todo
los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo.
Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social
conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos tiempos y pueden
originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y
apoyos de consecuencias impredecibles para el bienestar social de
las mujeres y hombres con discapacidad y sus familias.
Compromiso
firme de los poderes públicos. Los Poderes Públicos deben
comprometerse firmemente con los objetivos de inclusión de las
personas con discapacidad y sus familias mediante el desarrollo de
legislaciones, políticas, estrategias y decisiones reforzadas que
mantengan la discapacidad en puestos relevantes y permanentes de la
agenda política. La crisis económica y social no puede servir de
coartada o pretexto para detener las políticas públicas de
discapacidad y menos aún para reducir los derechos sociales o la
intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las mujeres y
hombres con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en
la comunidad y un nivel de vida digno.
Por una auténtica
autonomía personal. En especial, la Ley
39/2006 y el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
que esta crea, no necesita recortes, moratorias o replanteamientos a
la baja, sino un impulso político y presupuestario decidido para
consolidar definitivamente un nuevo dispositivo de protección
social que tiene que dar una cobertura suficiente y digna a enormes
necesidades sociales. Todo ello, sin que se resientan o debiliten
las políticas de discapacidad, que es una realidad más amplia y
numerosa. La discapacidad y las políticas de discapacidad tienen
sustantividad y perfil propios, y no pueden confundirse o
desdibujarse con la atención a la dependencia, que es solo una
parte de las políticas sociales de inclusión.
La permanencia de la
visión de derechos humanos.
La forma de abordar la discapacidad es el enfoque de derechos
humanos. Las legislaciones, las políticas y la acción pública
hacia las personas con discapacidad y su entorno familiar han de ir
impregnadas de esta visión de derechos. Este enfoque de derechos
humanos tiene su plasmación política y jurídica en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
2006, que forma parte del Derecho interno, al haber sido firmada y
ratificada por España. En la próxima Legislatura, habrá que
aprobar un nuevo bloque legislativo de adaptación y ajustes
normativos a las Convención –tanto en el plano estatal como en el
autonómico–, que comprendan esferas como la igual capacidad
jurídica, las leyes civiles, el Código Penal, la legislación
educativa, entre otras.
3
de diciembre de 2011.
